Presuntos vínculos entre círculo de la gubernatura de Tlaxcala y caso Tello Ruiz bajo la lupa

Dentro del grupo de cinco detenidos por este crimen, destaca la figura de un sujeto identificado como Alejandro “N”. Según versiones no confirmadas por las autoridades, este individuo se habría desempeñado como secretario particular del exesposo de una de las hijas de la mandataria estatal.

La relevancia de este detenido radicaría en el presunto conocimiento que posee sobre las actividades económicas y reuniones privadas sostenidas por las víctimas y personajes del círculo cercano a la familia de la gobernadora. 

Se especula que Alejandro “N” podría aportar información sobre una reunión ocurrida el pasado 19 de febrero, fecha en que se perdió el contacto con el matrimonio poblano.

Otra línea de investigación que ha trascendido señala una posible red de negocios entre las víctimas y Christian “N”, alias “El Bau”, quien fuera detenido el 24 de febrero en la capital poblana.

Información extraoficial apunta a que el contador Alexandro Tello presuntamente realizaba labores de facturación para empresas de publicidad vinculadas a "El Bau".

 Dichas empresas habrían prestado servicios promocionales al Gobierno del Estado de Tlaxcala, así como se investiga si familiares directos de la gobernadora, específicamente su hija María Fernanda y su pareja, mantenían sociedades o acuerdos comerciales con los implicados.

Mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ha sugerido públicamente que el móvil del doble homicidio responde a una "deuda millonaria", versiones internas de la investigación plantean un escenario más complejo.

Trascendidos indican que, durante los cateos realizados, se habrían localizado dispositivos electrónicos con sesiones activas de mensajería instantánea. En estos chats, presuntamente, figurarían conversaciones entre las víctimas y miembros del gabinete estatal —específicamente de la Secretaría de Bienestar—, lo que sugeriría una relación que trasciende lo estrictamente profesional.

El caso ha reavivado el escrutinio sobre la administración de Cuéllar Cisneros, particularmente tras los informes sobre la adquisición de 10 camionetas blindadas con un costo superior a los 56 millones de pesos. 

Reportes periodísticos previos sugieren que algunas de estas unidades, destinadas originalmente a seguridad institucional, estarían siendo utilizadas por familiares de la gobernadora, lo que añade una capa de controversia sobre la protección y los privilegios del círculo íntimo involucrado indirectamente en las menciones del caso Tello Ruiz.

Hasta el momento, las autoridades de ambas entidades mantienen el sigilo sobre la situación jurídica de los detenidos con vínculos políticos, mientras la opinión pública permanece a la espera de que se aclare si los personajes mencionados en las declaraciones serán llamados a comparecer ante el Ministerio Público.