Tlaxcala, Tlax.- El rechazo ciudadano al proyecto del libramiento de Calpulalpan está ganando fuerza, y la prensa nacional ha comenzado a cubrirlo. Un claro ejemplo es el medio Sin Embargo, que retomó el tema el pasado fin de semana, destacando que el Gobierno de Tlaxcala insiste en construir un libramiento privado. A pesar de que 4,000 firmas de habitantes locales manifiestan su oposición, las preocupaciones son por las afectaciones económicas y el riesgo al santuario de las luciérnagas.
Falta de consulta ciudadana
En una entrevista, Daniel Espejel, residente de Tlaxcala, mencionó que la gobernadora Lorena Cuéllar envió la iniciativa al Congreso local sin consultar a los ciudadanos de Calpulalpan. “Nos enteramos por una publicación pequeña en redes sociales”, denunció Espejel. La aprobación del Congreso ocurrió en marzo de 2024, y autoriza una concesión privada por 30 años para construir un tramo de 22 kilómetros. El costo para los usuarios será de entre 66 a 359 pesos.
Justificación del gobierno y oposición ciudadana
El gobierno justifica el libramiento por el incremento del tráfico vehicular en la carretera Los Reyes-Zacatepec, ofreciendo una conexión más directa hacia municipios vecinos sin atravesar Calpulalpan. Sin embargo, los locales, que dependen del comercio en la carretera México 136, ven amenazados sus empleos y negocios.
Uno de los puntos más delicados es el impacto ambiental en el santuario de luciérnagas, ubicado en el monte Tláloc, donde el tránsito vehicular podría alterar el hábitat de estas especies que dependen de la oscuridad y el silencio. La construcción también implicaría la tala de árboles y afectaría los pasos de fauna.
Protestas y falta de respuestas del gobierno
Desde principios de 2024, los habitantes han organizado asambleas informativas, bloqueos carreteros y enviado cartas petitorias al gobierno de Tlaxcala. Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió una consulta ciudadana, aún no ha habido una respuesta directa de la gobernadora Cuéllar.
Por su parte, la gobernadora aseguró que el proyecto responde a peticiones de presidentes municipales y que cuenta con el aval de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT). Aún así, las autoridades ambientales estatales han señalado que el impacto ambiental debe ser evaluado a nivel federal por la Semarnat.