Santa Cruz Tlaxcala en la mira: síndica lleva al TET denuncia contra alcalde y cabildo

El recurso fue registrado bajo el expediente TET-JDC-041/2026 y ahora será revisado por la magistrada Claudia Salvador Ángel, quien tendrá la tarea de determinar si las conductas denunciadas realmente afectaron el ejercicio de su cargo.

Este caso no es menor, porque pone sobre la mesa un tema que cada vez genera más atención en Tlaxcala: el trato y las condiciones en las que mujeres servidoras públicas desempeñan funciones dentro de los gobiernos municipales. La denuncia, además, abre una nueva etapa de revisión institucional sobre el ambiente político al interior del cabildo de Santa Cruz Tlaxcala.

Señalan hostigamiento, descalificaciones y obstáculos dentro del ayuntamiento

De acuerdo con la queja presentada, la síndica acusa acciones reiteradas de hostigamiento, descalificación y obstáculos para ejercer sus funciones, lo que, desde su perspectiva, configura una forma de violencia política de género. Entre los señalados como presuntos responsables aparecen el presidente municipal Omar Maldonado Tetlalmatzi, así como otros integrantes del cabildo y funcionarios vinculados al gobierno local.

En el documento también se menciona al segundo regidor Yair Chávez López, al tercer regidor Christian Ávalos, al secretario del ayuntamiento Antonio Barrera Grijalva y al ex secretario municipal Rubén Hernández Bautista. Según la versión de la funcionaria, las conductas denunciadas no solo buscarían desacreditar su labor institucional, sino que formarían parte de un patrón de abuso de poder que también impacta a otras mujeres dentro de la administración municipal.

Incluso, la denuncia refiere que trabajadoras, especialmente mujeres y de mayor edad, habrían enfrentado un ambiente laboral hostil, con prácticas de exclusión, descalificaciones y falta de respeto, algo que podría representar una vulneración directa a los principios de igualdad dentro del servicio público.

Qué podría pasar si el Tribunal confirma los hechos

Legalmente, la violencia política contra las mujeres en razón de género está contemplada en el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de otras disposiciones electorales federales y estatales. Estas normas reconocen que existe esta conducta cuando se realizan acciones u omisiones basadas en el género que limitan, anulan o afectan el ejercicio de los derechos políticos de una mujer, incluyendo el desempeño de un cargo público.

Entre las conductas que suelen analizarse en estos casos están la obstaculización del cargo, la exclusión de información o funciones, el hostigamiento laboral y las descalificaciones públicas que impidan el desarrollo pleno de una responsabilidad institucional.

Si el Tribunal Electoral de Tlaxcala acredita los hechos, podrían imponerse medidas de protección, sanciones administrativas, multas e incluso inhabilitaciones para ocupar cargos públicos. Además, existe la posibilidad de que los responsables sean inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. Sin duda, este expediente podría convertirse en uno de los casos más observados en el ámbito político local en Tlaxcala durante 2026.