Tlaxcala, Tlax.- En Tlaxcala, los procesos electorales han dejado al descubierto una práctica que no solo persiste, sino que podría repetirse: la usurpación de género y el fraude en la autoadscripción dentro de las candidaturas destinadas a la población LGBTTTQA+. Activistas y autoridades coincidieron en que no existe una legislación clara que garantice que las acciones afirmativas realmente beneficien a este sector históricamente excluido.
Durante un foro público convocado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), quedó claro que la falta de reglas permite que personas ajenas a la diversidad sexual accedan a cargos públicos, ocupando espacios creados para corregir desigualdades, pero usándolos solo para beneficio personal.
Autoadscripción: un derecho humano mal utilizado
La autoadscripción de género es un derecho humano, ligado a la dignidad, identidad y libre desarrollo de la personalidad. El problema no es el derecho en sí, sino cómo se ha distorsionado. En la práctica, basta con que una persona declare pertenecer a la comunidad para ser registrada, sin posibilidad de verificación, ya que pedir pruebas podría vulnerar derechos.
Este vacío ha permitido casos donde candidaturas se obtienen de forma oportunista y, una vez en el cargo, se abandona por completo la agenda LGBTTTQA+. Incluso, se recordó un precedente nacional donde la autoridad electoral sí canceló una candidatura, no por identidad, sino por inconsistencias objetivas y uso fraudulento del derecho, marcando una ruta posible para frenar abusos.
La responsabilidad recae en partidos y legisladores
A lo largo del foro se hizo evidente que las cuotas y porcentajes no son suficientes sin un marco legal sólido que emane desde la Constitución local. Aunque el Tribunal Electoral de Tlaxcala vinculó al Congreso estatal desde 2021 para legislar en la materia, la omisión continúa cuatro años después.
Especialistas y activistas subrayaron que la solución pasa por criterios complementarios, como el trabajo comunitario previo, el reconocimiento social y el acompañamiento real a las personas LGBTTTQA+, sin convertirlos en filtros excluyentes.
Al final, hubo consenso en un punto clave: la responsabilidad central es de los partidos políticos, que deciden a quién postulan y cómo cumplen —o simulan cumplir— con la paridad y las acciones afirmativas. Mientras no haya reglas claras y voluntad política, la representación seguirá siendo formal, pero no sustantiva, y la simulación seguirá ganando espacios que no le corresponden.
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