Tlaxcala al límite: alertan caos legal por urgente ley contenciosa

Una de las contradicciones más graves aparece desde el artículo 2, que literalmente excluye a los tribunales del alcance de la ley, pero después, en su Título Séptimo, pretende regular medios de defensa que justamente se resuelven ante un órgano jurisdiccional como el Tribunal de Justicia Administrativa. Cortés Roa lo resumió fuerte y claro: “es una ley que se niega a sí misma”.

Además, la norma llama a esos mecanismos “defensas de los particulares”, como si fueran simples trámites administrativos, cuando en realidad son auténticos juicios ante un tribunal. Esta mala clasificación provoca que varias disposiciones sean inaplicables en la práctica y deja a los abogados lidiando con un marco legal que no termina de encajar.

Reglas mezcladas y vacíos peligrosos

Otra bronca pesada es que la ley mezcla sin orden reglas de procedimiento administrativo y de procedimiento contencioso, sin aclarar qué aplica a cada ámbito. Esto no solo confunde, sino que afecta directamente el derecho de acceso a la justicia y dificulta el trabajo del propio TJA.

Cortés Roa recordó también que el artículo 1 limita la ley solo a actos de autoridades administrativas, dejando fuera al Tribunal de Justicia Administrativa, que es un órgano jurisdiccional reconocido en la Constitución local. En pocas palabras: la ley vigente ni siquiera puede aplicarse al tribunal que debería regular.

Peor aún, no existen reglas claras sobre improcedencia, desechamiento o sobreseimiento, que son básicas en cualquier sistema contencioso. Por esta ausencia, tribunales federales ya han concedido amparos, argumentando que el TJA no tiene sustento legal suficiente para emitir esas decisiones.

Una ley urgente para evitar más caos

El caos no es menor. Incluso la Suprema Corte, en jurisprudencia 2ª./J.2/2003, determinó que conflictos relacionados con cuerpos de seguridad pública deben ser atendidos por el Tribunal Administrativo, pero Tlaxcala sigue sin una ley local que regule esos procedimientos.

Por eso, el ex presidente del tribunal fue claro: Tlaxcala necesita ya una Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo que dé certeza, reglas claras y garantice la tutela judicial efectiva. Mientras no exista, advirtió, la justicia administrativa seguirá operando en la incertidumbre, y quienes pagan las consecuencias son tanto los ciudadanos como las propias autoridades.