Tlaxcala, Tlax.- El diputado Jaciel González Herrera presentó una iniciativa que está dando de qué hablar en Tlaxcala. Aunque todos sabemos que la pirotecnia forma parte de las tradiciones más queridas en fiestas patrias, ferias, celebraciones religiosas y la temporada decembrina, también es cierto que su uso ya dejó de ser un simple acto festivo para convertirse en un problema que preocupa seriamente.
El legislador señala que, aunque culturalmente es muy común, su normalización ha disparado los riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente y la integridad física de las personas. Y no es para menos: según datos de CENAPRED, entre 2003 y 2023 se registraron 915 accidentes en todo el país. Tlaxcala aparece en noveno lugar nacional, con 33 incidentes, sobre todo en Sanctorum de Lázaro Cárdenas y Xaloztoc.
Contaminación, daños a la salud y accidentes graves
González Herrera explica que los fuegos artificiales liberan partículas PM2.5, monóxido de carbono y metales pesados como bario, estroncio y cobre. En pocas palabras: contaminan aire, agua y suelo. A eso súmale los efectos en la salud: irritación ocular, problemas auditivos, asma, bronquitis, neumonía e intoxicaciones, además de explosiones que han provocado amputaciones, lesiones permanentes y hasta muertes, especialmente en niñas y niños.
Por eso, el diputado aclara que la intención no es prohibir la pirotecnia, sino regularla con un enfoque preventivo, sin invadir facultades federales. Lo que se busca es reforzar la capacidad de municipios y autoridades estatales para actuar de manera más efectiva.
Qué propone realmente la iniciativa
Dentro de las reformas planteadas, destaca la modificación al artículo 10 de la Ley Ambiental de Tlaxcala, con la que los municipios podrán exhortar a la población a reducir el uso de pirotecnia durante contingencias ambientales y difundir información sobre riesgos.
También se suma un cambio al artículo 15 para obligar a los ayuntamientos a realizar campañas permanentes de concientización, y una reforma al artículo 99 para que la Secretaría de Medio Ambiente —junto con Educación, Seguridad Ciudadana, Salud y Protección Civil— implemente acciones informativas constantes para desincentivar su uso.
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