Tlaxcala y Puebla avanzan para resolver límites territoriales históricos

Este primer encuentro marca el arranque formal de un proceso que busca poner orden y certeza jurídica en zonas donde existen posibles empalmes territoriales. Para ello, especialistas de ambos estados coincidieron en la necesidad de analizar a fondo la documentación histórica y legal vigente, evitando improvisaciones y apostando por soluciones con sustento jurídico sólido.

La reunión dejó en claro que el tema no se resolverá con ocurrencias, sino con diálogo, análisis técnico y voluntad política, algo que tanto Tlaxcala como Puebla dijeron estar dispuestos a sostener en el tiempo.

Revisión de documentos históricos y acuerdos municipales

Uno de los puntos centrales fue la revisión de documentos normativos clave, entre ellos el decreto de 1899, además de otros instrumentos jurídicos que han regido los límites territoriales durante décadas. El objetivo es detectar posibles inconsistencias o empalmes que expliquen los conflictos actuales entre municipios y comunidades colindantes.

También se acordó retomar el convenio firmado en 2004 entre municipios y comunidades de ambos estados, el cual servirá como base para las siguientes mesas de trabajo. Este análisis se complementará con la consulta de expedientes, acuerdos y antecedentes municipales, para tener un panorama completo y evitar decisiones parciales.

Un acuerdo relevante fue la creación de una matriz de atención de conflictos, que permitirá identificar los puntos prioritarios y diferenciar aquellos casos que pueden resolverse por la vía administrativa, de los que, por su complejidad, deberán escalarse al ámbito judicial.

Hacia una solución legal con visión a 2026

Entre las propuestas más importantes destaca la iniciativa del gobierno de Tlaxcala para elaborar una ley en materia de límites territoriales, así como la posibilidad de que Puebla impulse una reforma a su legislación vigente. La intención es construir un marco normativo interestatal compatible, que brinde certeza jurídica y evite futuros conflictos.

Además, ambas partes acordaron establecer un calendario de trabajo con miras a concluir el proceso en 2026, involucrar a los congresos locales para la integración de los expedientes necesarios y dar seguimiento continuo a los avances.

En caso de que algunos conflictos no puedan resolverse de manera administrativa, se contempla acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando así un proceso legal, transparente y definitivo.

Con este primer paso, Tlaxcala y Puebla envían un mensaje claro: el diálogo y la legalidad serán la base para resolver un problema histórico que afecta directamente a las comunidades.