Trata de mujeres en Puebla y Tlaxcala: cifras reales, impunidad y negación oficial

Lejos de disminuir, los datos más recientes indican que el problema va al alza. Entre 2023 y septiembre de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó al menos 23 nuevas víctimas, una cifra que especialistas consideran apenas la punta del iceberg. Organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés advierten que más del 90 por ciento de los casos no se denuncian, lo que significa que por cada víctima identificada podrían existir al menos 20 más invisibilizadas, atrapadas en redes de control y explotación.

Omisiones institucionales y una justicia que no alcanza

Uno de los mayores focos rojos es la incapacidad de las fiscalías para generar información clara y desagregada. En Puebla, las propias autoridades reconocieron no contar con datos completos sobre edad, sexo o tipo de explotación de decenas de víctimas. Esta falta de información no es un detalle menor, ya que impide entender cómo operan las redes de trata y frena la creación de políticas públicas eficaces.

Además, la respuesta institucional ha sido limitada y desigual. Solo una minoría de las mujeres identificadas recibió órdenes de protección y menos de una tercera parte de las investigaciones han terminado en sentencia, de las cuales pocas fueron condenatorias. Para colectivos y especialistas, esto configura un escenario de impunidad estructural que envía un mensaje claro: la trata puede seguir operando sin consecuencias reales.

Esta omisión también impide analizar la relación directa entre la trata, las desapariciones y el feminicidio, fenómenos que coinciden en varios municipios, muchos de ellos con Alerta de Violencia de Género activa.

Prevención pendiente y redes que cruzan fronteras

Especialistas coinciden en que combatir la trata no se logra solo con persecución penal. Se requieren políticas públicas de prevención sostenidas, especialmente desde el ámbito educativo. Durante mesas académicas recientes, se subrayó que la prevención debe ser un proceso continuo, no campañas aisladas, enfocado en transformar las causas estructurales del delito.

Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, explicó que la trata se sostiene en un sistema económico y patriarcal, reforzado por la impunidad y la falta de programas educativos que cuestionen la violencia de género, la prostitución y las masculinidades violentas. Incluso, alertó que la captación de víctimas puede iniciar en entornos escolares, donde adolescentes reproducen dinámicas de control.

En Tlaxcala, entre 2021 y junio de 2025, se identificaron al menos 53 víctimas, con 19 carpetas de investigación y 35 personas detenidas. Además, seguimientos hemerográficos documentan redes que operan en al menos 17 estados y siete ciudades de Estados Unidos, confirmando que se trata de un fenómeno regional y transnacional.

Aunque en 2022 Tlaxcala aprobó un Programa Estatal contra la Trata con enfoque preventivo desde las escuelas, especialistas advierten que los esfuerzos siguen siendo insuficientes y llaman a que Puebla adopte políticas similares. La trata no es historia, es una realidad que sigue marcando la vida de cientos de mujeres y niñas en la región.