Van contra abusos de grúas en Tlaxcala: podrían perder la concesión

El funcionario explicó que el servicio de arrastre y salvamento opera tanto en tramos estatales como federales, y en el caso de Tlaxcala, alrededor del 70 por ciento de la red carretera pertenece a la jurisdicción federal, la cual es autorizada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto ha generado una diferencia importante en la forma en que se fijan las tarifas.

Tarifas liberadas y el origen de las quejas ciudadanas

Munive Temoltzin recordó que desde hace muchos años la Federación otorgó permisos a empresas privadas para brindar el servicio de salvamento y arrastre en carreteras federales. El problema, dijo, es que las tarifas en estos tramos están liberadas, lo que significa que cada empresa fija sus propios precios, sin topes ni regulación directa.
Esta situación ha provocado una gran inconformidad entre los usuarios, ya que en muchos casos los cobros resultan excesivos y poco claros. En contraste, la SMyT sí regula el servicio en los tramos estatales, que representan cerca del 30 por ciento de la red carretera, donde aunque hay menor siniestralidad, también se presentan accidentes y necesidades de arrastre.

Convenio con la Federación y posibles sanciones

El secretario adelantó que el gobierno estatal está por firmar un convenio específico con el gobierno federal, con el objetivo de que el estado pueda regular también el servicio de grúas en tramos federales. La intención es clara: frenar abusos, reducir quejas y proteger a los ciudadanos.
Subrayó que esperan concretar este acuerdo durante el primer trimestre del año, ya que el número de reportes ciudadanos es alto. Además, defendió el esquema estatal de operación de los ocho faros autorizados, los cuales manejan tarifas hasta 40 por ciento más bajas que las federales y registran muy pocas quejas.
Finalmente, reiteró que las empresas que incumplan pueden perder su concesión, sobre todo si operan fuera del faro asignado. También señaló que los convenios internos que realizan algunos ayuntamientos no son válidos, ya que se trata de un servicio público que debe responder directamente a los ciudadanos bajo las reglas establecidas por la SMyT.