Exalcaldesa de Amanalco, culpable de homicidio: el caso que sacudió al Edomex

La sentencia fue dictada en Toluca, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad penal de la exfuncionaria. El caso forma parte de la Operación “Enjambre”, una estrategia que ha permitido exhibir y sancionar vínculos entre autoridades municipales y el crimen organizado.
De acuerdo con la investigación, la exalcaldesa instruyó directamente a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán para ejecutar el crimen. El móvil, según la fiscalía, habría sido mantener el control de las decisiones administrativas dentro del municipio, incluso a costa de la vida de otros servidores públicos.

Así se ejecutó el crimen y la investigación

La FGJEM detalló que las víctimas, el síndico municipal y su chofer, fueron enviadas por órdenes directas de su superior jerárquica a una zona de alto riesgo, dominada por organizaciones delictivas. De ese lugar no regresaron con vida.
Ambos cuerpos fueron localizados 23 días después, dentro del vehículo en el que se trasladaban, sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, una región identificada por la presencia de grupos criminales.
La detención de Martínez Robles fue posible gracias a un operativo coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal. Esta colaboración ha sido clave para desarticular redes criminales y llevar ante la justicia a funcionarios implicados en delitos graves.

El trasfondo político y lo que sigue en el proceso

Medios locales señalan que el conflicto entre la exalcaldesa y el síndico tendría un origen político. Ambos militaban en Movimiento Ciudadano, pero tras asumir el cargo, María Elena Martínez Robles se cambió a Morena, lo que habría generado tensiones internas.
El primer enfrentamiento público se registró el 4 de enero de 2022, apenas días después de que ella asumiera la presidencia municipal, cuando fue agredida por manifestantes que exigían su destitución. Aunque se señaló al síndico como presunto responsable, él y su partido negaron las acusaciones.
Bajo este contexto, se presume que la orden de enviarlo a una zona controlada por criminales pudo haber sido una represalia directa.
La audiencia de individualización de sanciones quedó programada para el 16 de diciembre, donde se definirá la pena que deberá cumplir la exalcaldesa. La FGJEM destacó que, dentro de la Operación Enjambre, ya se han logrado 10 sentencias condenatorias de 16 objetivos detenidos, marcando un precedente en el combate a la delincuencia organizada infiltrada en gobiernos municipales.