Actualmente en Argentina está siendo discutida la iniciativa para la legalización del aborto, la cual fue presentada por el presidente Alberto Fernández, dos años después de que naufragara un dictamen en la materia en el Congreso de ese país.
En Latinoamérica, diversos países tienen leyes estrictas sobre la decisión que pueden tener las mujeres para interrumpir un embarazo. Pero, ¿por qué es tan importante esta discusión que ocurre ahora en Argentina? Te contamos.
El 13 de junio de 2018, la Cámara de Diputados de Argentina comenzó una histórica sesión para someter a votación un proyecto de legalización del aborto.
Esta discusión generó una ola de masivas manifestaciones tanto a favor como en contra de la aprobación, en medios de las cuales, las mujeres argentinas adoptaron el pañuelo verde, color asociado con la salud, como símbolo de la lucha para legalizar este derecho.
El primer proyecto discutido en Argentina proponía despenalizar el aborto y legalizar su práctica hasta la semana 14 de gestación dentro del sistema público de salud y de manera gratuita.
El día 14 de junio de dicho año, los diputados aprobaron el proyecto, el cual fue enviado al Senado para su análisis y discusión. La Cámara alta discutió la iniciativa el 8 de agosto de 2018 y, durante la madrugada del día siguiente la rechazó.
Durante esa jornada de debate en el Senado, miles de manifestantes con pañuelos verdes ocuparon las calles de los alrededores del Congreso durante una tarde de lluvia. También se presentaron personas con pañuelos celestes, símbolo de la lucha en contra del aborto.
Tras el rechazo, el tema quedó en el aire en Argentina y ahora, dos años después, apenas el martes 1 de diciembre, el tema está de nuevo en el Congreso.
El nuevo proyecto, cuya aprobación podría desencadenar un cambio de paradigma en una de las regiones que más penaliza al aborto en el mundo, también establece que las gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14.
Por otra parte, el nuevo proyecto reconoce también el derecho de objeción de conciencia de los profesionales de la salud pero les impone la obligación de derivar a la paciente “en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”.
El médico no podrá negarse a realizar el aborto cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y se requiere atención médica inmediata e impostergable. Si el médico no cumple esas obligaciones será reprimido con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Estos ajustes, sin embargo, no le garantizan al presidente un triunfo en el Congreso, donde la mayoría de los parlamentarios son hombres -136 contra 121 mujeres en Diputados y 45 contra 27 en el Senado-.
Según cifras difundidas por el propio gobierno argentino, cada año son hospitalizadas alrededor de 38 mil mujeres por abortos mal practicados. Desde 1983, en tanto, han muerto más de 3 mil mujeres por la misma causa.
Argentina, el país natal del papa Francisco, actualmente penaliza a las mujeres y a quienes las ayuden a practicarse un aborto. Las únicas excepciones que contempla la ley son en caso de violación o riesgo para la salud de la madre.
Pero Argentina no es el único país latinoamericano que restringe este derecho: en México, si bien la interrupción del embarazo es legal, las razones sobre si es un delito o no esta práctica cambian según el estado.
Solo en la Ciudad de México y Oaxaca está reconocida la interrupción legal del embarazo. En ambas entidades, el procedimiento se puede hacer hasta las 12 semanas de gestación.
En el resto de la República Mexicana, hay ocho condiciones contempladas para acceder al aborto, entre ellas si la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, si pone en riesgo su vida, si el producto tiene una malformación congénita grave, si el aborto fue por accidente o si la causa del embarazo es una violación, entre otras.
¿Cuál es el panorama en América Latina?
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con la BBC. Y solamente Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten el aborto sin condiciones en las primeras semanas de gestación.
En tanto, continua la BBC, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Belice solo permiten la práctica en caso de que la vida o la salud de la persona corra peligro.
En Colombia, el aborto es legal en casos de violación, incesto o inseminación artificial sin consentimiento, malformaciones fetales graves incompatibles con la vida y para proteger la salud o la vida de la embarazada, de acuerdo con Human Right Watch.
En tanto, la legislación boliviana no penaliza el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación, o cuando el procedimiento es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer o niña embarazada; en Ecuador, el derecho está limitado a casos en que la salud o vida de la embarazada estén en riesgo, en casos de violación de una persona con discapacidad mental.
En Perú, las mujeres y niñas solo tienen acceso a la práctica cuando hay riesgo en su salud o su vida. Y en Chile, la prohibición absoluta del aborto terminó en 2017, con la ratificación de una nueva ley de despenalización en tres circunstancias: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer embarazada está en peligro o si el feto es inviable.
El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una malformación cerebral congénita mortal, de acuerdo con información de Human Right Watch.
Las manifestaciones
Antes del 2018 y de la votación en Argentina, ya había manifestaciones en pro de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Y tras el rechazo del Congreso, la marea verde comenzó a llegar a más países de la región y de otras zonas geográficas.
Durante 2019 y 2020, las mujeres y personas gestantes han salido a las calles a exigir este derecho. Apenas el pasado 28 de septiembre, el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las feministas mexicanas se manifestaron en diversas ciudades del país pidiendo que el aborto sea despenalizado en el territorio.
Y en noviembre, los días 24 y 27 del mes, respectivamente, feministas tomaron los congresos de Puebla y Quintana Roo exigiendo que se discutan las iniciativas locales que buscan legalizar la interrupción del embarazo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló en septiembre de este año que, entre 2015 y 2019, hubo en el mundo un promedio anual de 73.3 millones de abortos, tanto en condiciones de seguridad como sin ellas. De estos, uno de cada tres se llevaron a cabo en condiciones muy riesgosas.
Además, tres de cada cuatro abortos practicados tanto en África como en América Latina ocurrieron sin condiciones de seguridad.
Según la Alianza por la Solidaridad, con datos hasta 2017, cada año un total de 44 millones de mujeres dedicen terminar voluntariamente sus embarazos, y de ellas, 47 mil mueren debido a abortos inseguros. También señala que, solo en América Latina, quienes tienen abortos inseguros suponen el 24 por ciento del total de muertes durante el embarazo.