La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado el envío de dos iniciativas al Congreso para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).
Garantía de transparencia y objetividad
Estas reformas buscan detallar y garantizar los principios de legalidad, objetividad, certeza, transparencia e imparcialidad en cada etapa del proceso electoral para la elección de jueces, ministros y magistrados, como lo establece la reforma aprobada al Poder Judicial.
Participación de los tres Poderes de la Unión
Durante el proceso, los tres Poderes de la Unión jugarán un papel clave en la emisión de la convocatoria y en la conformación de un Comité de Evaluación, el cual estará integrado por cinco personas con prestigio y experiencia jurídica, y deberá respetar la paridad de género.
Proceso electoral inicia en 2025
La elección de los cargos en el Poder Judicial se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLE).
Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, explicó que este proceso garantizará la certidumbre en la elección de ministros, magistrados y jueces de distintos niveles del Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los Tribunales de Apelación y Disciplina Judicial.
Calendario de etapas electorales
- 16 de octubre de 2024: El Senado emite la convocatoria.
- 31 de octubre de 2024: Instalación de los Comités de Evaluación.
- 4 de noviembre de 2024: Publicación de la convocatoria para la ciudadanía.
- 31 de enero de 2025: Entrevistas a aspirantes y selección de perfiles.
- 7 de febrero de 2025: Aprobación de seleccionados por los tres poderes.
- 12 de febrero de 2025: El INE prepara la jornada electoral.
Compromiso con la transparencia
La reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum refuerza el compromiso del Gobierno de México con la transparencia, permitiendo que la ciudadanía participe de manera activa en la elección popular de jueces y magistrados, fortaleciendo así la democracia en el país.