Por: Cortesía

Política

En los últimos 8 meses fueron asesinadas 143 personas en el proceso electoral en México

Entre septiembre de 2020, que marcó el inicio del proceso electoral, y el 30 de abril de 2021, se contabilizaron 169 incidentes de violencia política en México, que dejaron 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas, reveló un informe realizado por la agencia de consultoría política Integralia.

De los 143 asesinatos, 28 fueron de funcionarios municipales y 26 de aspirantes a elección popular. Luego, le siguieron los homicidios de 17 ex funcionarios, 14 funcionarios federales y estatales y 10 activistas, detalló el reporte.

Por último, se sumaron a la lista de fatalidades por violencia política cinco ex candidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes partidistas de distintas corrientes y cuatro militantes de partidos políticos. Por último, también fueron asesinados tres jueces y tres presidentes municipales. En el rubro de “otros”, Integralia contabilizó a 25 personas más.

Entre las víctimas fatales, 120 fueron hombres y 23 fueron mujeres. Veracruz, con seis asesinatos, fue el estado con mayor concentración de estos homicidios políticos. Le siguió Jalisco, con cinco, y Oaxaca y Guerrero, con tres cada uno.

En marzo de 2021, destacaron los asesinatos de Analuci Martínez Saldívar, la ex regidora de Cuquío que fue asesinada en Zapopan, Jalisco, mientras conducía el pasado 1 de marzo; y el de Carlos Alfredo Sevilla Cuevas, el alcalde con licencia de Casimiro Castillo, también en Jalisco, quien fue secuestrado y asesinado el 10 de marzo.

Por su parte, en abril, destacaron las muertes de Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua. El 2 de abril, el ex alcalde y esposo de la candidata a la alcaldía de Mixtla de Altamirano, fue asesinado en Veracruz. Asimismo, el 24 de abril, Francisco Gerardo Rocha Chávez, candidato a diputado local, fue asesinado en su domicilio en Tamaulipas.

El porcentaje más alto de políticos asesinados en este periodo fue para representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes, quienes acumularon el 21% del total de homicidios políticos, de acuerdo con Integralia.

Le sigue de cerca Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que concentró uno de cada cinco asesinatos de este tipo en el presente periodo electoral (20%). El opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional) sumó el 15% y el también opositor PAN (Partido Acción Nacional) un 12 por ciento.

“La violencia política se enmarca en el contexto general de violencia homicida e inseguridad que aqueja al país. Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos, esto es, huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, entre otras”, señaló el informe de Integralia consultado por este medio.

La violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad

El informe destacó que un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100,000 habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró a finales de abril que la estrategia de protección en contexto electoral decidió otorgar medidas de protección a 65 de los candidatos que solicitaron seguimiento de sus casos, de los cuales 40 cuentan con cuidado por parte de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y ocho de otras autoridades.

“Si bien la secretaria Rodríguez ha dicho que ya se ha brindado protección a los candidatos, en marzo y abril la estrategia no logró una disminución significativa en el número de asesinatos de actores políticos”, recordó el informe de Integralia.

“Además, no se han anunciado medidas específicas para capacitar a los elementos de las policías locales y de la Guardia Nacional que participarán en estas tareas, ni para reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos”, concluyeron.