Puebla, Pue.- Tras las acusaciones realizadas por representantes del sector restaurantero sobre presuntos actos de corrupción por parte de inspectores municipales, el Ayuntamiento de Puebla solicitó que las irregularidades se denuncien de manera formal y con pruebas para poder iniciar investigaciones y aplicar sanciones en caso de comprobarse responsabilidades.
El secretario de Gobernación municipal, Francisco Rodríguez Álvarez, señaló que los señalamientos realizados por integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) no son nuevos, por lo que insistió en la importancia de presentar evidencias que permitan actuar contra cualquier servidor público que incurra en prácticas indebidas.
Las acusaciones surgieron luego de que el presidente de Canirac en Puebla, José Juan Sánchez Martínez, denunciara públicamente que algunos inspectores del Ayuntamiento presuntamente solicitan pagos irregulares que van desde los 3 mil hasta los 14 mil pesos a establecimientos del sector para evitar sanciones administrativas.
Ante este escenario, el funcionario municipal exhortó a los empresarios a formalizar las denuncias tanto ante el gobierno municipal como ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el fin de que las instancias correspondientes puedan iniciar los procedimientos legales y administrativos necesarios.
Rodríguez Álvarez explicó que el gobierno de la ciudad mantiene comunicación permanente con representantes del sector empresarial, incluido el dirigente de Canirac, con el propósito de revisar estas situaciones y prevenir posibles actos de corrupción dentro de la administración pública.
Asimismo, informó que el mismo día en que se hicieron públicas las acusaciones se llevó a cabo una reunión interna con el director de Normatividad para analizar el comportamiento de los inspectores y revisar los procedimientos que se siguen durante las verificaciones a los negocios.
El secretario también señaló que, desde el área de Normatividad, se ha buscado mantener una política de diálogo con los empresarios para que regularicen su documentación y cumplan con los lineamientos establecidos para operar conforme a la ley.
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