Joven denuncia abusos y amenazas en Puebla: su caso estalla en redes

Ella cuenta que presentó pruebas médicas y psicológicas, pero que su carpeta simplemente no avanzó, como si todo se hubiera atorado a propósito. Lo que sí avanzó —y rapidísimo— fue una denuncia que él interpuso asegurando que ella lo lastimó con las uñas mientras intentaba defenderse.

De acuerdo con su testimonio, esa carpeta “exprés” fue armada en un mes por la agente del Ministerio Público Karen Elizabeth Velazco Ortiz y terminó judicializada ante el juez de control David Rodríguez González. Mientras tanto, ella afirma que sus propias pruebas fueron rechazadas por otros ministerios públicos sin razón clara, e incluso señala que desaparecieron valoraciones médicas y psicológicas realizadas por la misma Fiscalía.

Amenazas, presiones y expedientes perdidos

Según lo que María Fernanda narra, el ambiente en la Fiscalía de Género tampoco fue seguro para ella. Asegura que el investigador José María Barragán Baruch la intimidó durante una reunión en la que también estuvo la fiscal de género Karla Michelle Salas, advirtiéndole que si no seguía “recomendaciones”, terminaría con una orden de aprehensión y sin la custodia de su hijo.

Ella dice que esa advertencia se cumplió el 27 de octubre de 2025, cuando el juez Rodríguez González emitió una orden en su contra, acusándola de agredir a su exesposo. A todo esto se suma lo que describe como un caos en el proceso familiar: señala que la jueza Antonia Inés Morales Palacios habría extraviado todo su expediente, incluidos videos donde, afirma, se evidencian agresiones frente a su hijo. También acusa presiones del secretario de acuerdos Jesús Antonio Concha Cortés, quien supuestamente intentó convencerla de aceptar peticiones de su expareja.

Miedo, exigencia de justicia y llamado a autoridades

Con la orden de aprehensión sobre ella y el riesgo —según dice— de perder la custodia de su hijo, María Fernanda asegura sentirse vulnerable y sin garantías de un proceso justo. En su mensaje público pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández Mora, al gobernador Alejandro Armenta, así como a colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos.

Su petición es directa: quiere justicia y vivir tranquila con su hijo. Además, pidió que su caso se difunda porque, según su testimonio, lo que está viviendo no debería repetirse con ninguna mujer.

“Si tocan a una, tocan a todas”, concluyó.