Tlaxcala, Tlax.- Los productores de amaranto en Cuapiaxtla, Tlaxcala, ya no aguantan más. Efrén López Hernández, presidente del Comisariado Ejidal del municipio, volvió a levantar la voz para exigir apoyo real a la siembra, comercialización y valor agregado del amaranto, pero también algo más básico: que los campesinos no sean tratados como delincuentes.
Durante la reciente visita del secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué Sacristán, López Hernández fue claro: llevan años entregando oficios a diputados federales y a la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sin obtener respuestas favorables. La molestia crece porque el cansancio en el campo ya es generalizado, mientras las autoridades siguen sin voltear a ver a quienes producen alimentos.
Cuapiaxtla, líder nacional en producción de amaranto
El reclamo no es menor. Desde hace 38 años, Cuapiaxtla apostó por el amaranto y hoy es primer lugar nacional, con una producción aproximada de 2 mil 500 toneladas en mil 500 hectáreas. A pesar de ese liderazgo, no existe un respaldo federal sólido que impulse la cadena productiva.
López Hernández recordó que incluso ya había una agroindustria que procesaba el cereal, pero actualmente está detenida por la falta de apoyos. El temor es claro: si el gobierno sigue ignorando al sector, México podría terminar importando amaranto, como ya ocurre con otros productos básicos. Además, cuestionó la contradicción oficial: recomiendan dejar el maíz por no ser rentable, pero tampoco apoyan cultivos alternativos como el amaranto.
Programas que obligan a mentir y criminalizan al campesino
Otro punto crítico es el programa Producción para el Bienestar (PpB) 2026. Al actualizar el padrón, a los productores se les pide especificar qué cultivan, pero se les indica no declarar amaranto porque no está subsidiado. Esto, afirmó, obliga a mentir y distorsiona la realidad del campo, dejando sin registro real a los amaranteros.
Finalmente, el líder ejidal fue contundente al denunciar que campesinos tlaxcaltecas enfrentan denuncias penales por organizarse y exigir mejores precios de garantía. “No queremos ser vistos como delincuentes”, recalcó. Lejos de intimidarlos, aseguró que estas acciones les dan más fuerza para seguir defendiendo al campo, exigir respeto y lograr que el amaranto sea parte de las políticas públicas federales, no solo un “hitazo” en el discurso.
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