Tlaxcala, Tlax.,- La senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera celebró la aprobación de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; esta modificación legal reconoce formalmente que la disparidad salarial, pagar un sueldo inferior a una mujer por realizar la misma labor que un hombre en un mismo centro de trabajo, constituye un acto de violencia laboral.
La senadora subrayó que esta reforma ataca de raíz una de las prácticas discriminatorias más persistentes en el mercado laboral mexicano.
Al elevar la brecha salarial al rango de violencia, el marco jurídico no solo identifica el problema, sino que establece mecanismos obligatorios para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.
Rivera Rivera lamentó que, a pesar de los discursos de igualdad, la realidad cotidiana de millones de mujeres sigue marcada por una remuneración injusta que limita sus oportunidades de desarrollo y su independencia económica, enviando ahora un mensaje contundente desde la Cámara Alta: la igualdad sustantiva debe manifestarse obligatoriamente en la nómina.
Para el estado de Tlaxcala, esta resolución legislativa representa una victoria directa para miles de mujeres que sostienen la economía local desde sectores clave como la industria, el comercio y el campo.
La senadora enfatizó que muchas de estas trabajadoras son el principal sustento de sus familias, por lo que garantizarles un salario idéntico al de sus pares varones ante responsabilidades iguales es, ante todo, un acto de reparación histórica.
Según la representante tlaxcalteca, el objetivo es que la equidad deje de ser una aspiración plasmada en papel para transformarse en una práctica coercitiva y real en cada unidad productiva del país.
Finalmente, Ana Lilia Rivera recordó que México aún enfrenta desafíos estructurales profundos respecto a los ingresos por trabajos de igual valor.
Sin embargo, con esta nueva tipificación, se fortalece el ecosistema legal para que las mujeres puedan denunciar y combatir la subordinación económica.
Al cerrar este ciclo de desigualdad en los centros de trabajo, el Estado mexicano avanza hacia un modelo donde el esfuerzo laboral se valore por la capacidad y el desempeño, eliminando el género como un factor de devaluación salarial y garantizando así una vida digna y libre de agresiones institucionales para las mexicanas.
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