Crisis en el agro tlaxcalteca: Campesinos denuncian represión y exigen destituciones masivas

La movilización, que escaló en sus demandas políticas, culminó con una exigencia formal de destitución que alcanza a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a los principales integrantes de su gabinete de seguridad y política interna.

El conflicto, originado inicialmente por la exigencia de precios justos para el maíz y mejores condiciones ante el encarecimiento de insumos, tomó un matiz de confrontación directa tras el desalojo violento de los manifestantes en el municipio de Nanacamilpa. 

Los agricultores rechazaron tajantemente la versión oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señalando que es alarmante que el Estado intente invisibilizar las agresiones físicas sufridas por productores, específicamente en los casos documentados de dos hombres, padre e hijo de nombre Emigdio. 

Según los voceros del movimiento, la negativa de la dependencia a reconocer las retenciones y lesiones vulnera los derechos humanos y deja en la indefensión a quienes trabajan la tierra.

La evidencia material de la confrontación fue presentada por los manifestantes a través de fotografías que muestran los estragos en su patrimonio: tractores con cristales y faros destrozados tras ser arrastrados con grúas durante el operativo. 

No obstante, la mayor preocupación radica en la desaparición de al menos dos unidades de trabajo, cuyo paradero es desconocido, hecho por el cual responsabilizan directamente a los elementos de seguridad estatal. 

Esta pérdida patrimonial se suma a una crisis económica preexistente, donde la volatilidad de los precios y la desventaja frente a intermediarios han puesto en riesgo la viabilidad de las cosechas en la entidad.

En un posicionamiento conjunto, el sector agrario demandó la salida inmediata del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez; del titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo; del coordinador de Comunicación Social, Antonio Martínez; y de la titular de Impulso Agropecuario, Gisela Lucero Zepeda.

A los funcionarios se les señala por una presunta falta de sensibilidad para gestionar el conflicto y por promover una narrativa que distorsiona los hechos ocurridos en las vías de comunicación. 

Ante la falta de canales efectivos de diálogo, los productores advirtieron que continuarán con las rutas legales para que se investiguen tanto el abuso policial como los daños a su equipo de labor, insistiendo en que la paz social en Tlaxcala solo se recuperará mediante la justicia y la verdad.