Tlaxcala, Tlax.,– El Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) presentó su balance anual correspondiente a 2025, advirtiendo que, aunque Tlaxcala cuenta con un marco normativo robusto, las autoridades estatales y municipales mantienen una deuda pendiente en la aplicación efectiva de las leyes de bienestar animal.
Durante 2025, el OCPA consolidó su papel como ente vigilante mediante el uso de mecanismos de transparencia; a través de solicitudes de información pública, la organización documentó el desempeño de las instituciones frente a casos de maltrato y el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala.
Un pilar fundamental de este año fue la colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). En conjunto con la Licenciatura en Sociología y el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, se realizaron foros y conferencias que abordaron el maltrato animal desde una perspectiva interdisciplinaria, vinculando la conducta biológica con las políticas públicas y la responsabilidad social.
El Observatorio enfatizó que el problema en la entidad ya no es la falta de leyes, sino la operatividad. A pesar de los avances en papel, el análisis técnico del OCPA identificó debilidades estructurales críticas:
La iniciativa para elevar la protección animal a rango constitucional sigue "congelada" en la Comisión de Puntos Constitucionales; El Estado aún no cuenta con la reglamentación completa para operar los órganos previstos en la Ley de Bienestar Animal y aunque 52 de los 60 municipios ya cuentan con reglamentos propios, estos son letra muerta. No se han priorizado los censos de perros y gatos ni se han ejecutado programas reales de tenencia responsable.
"La protección animal en Tlaxcala no depende de crear más disposiciones, sino de cumplir las que ya existen", señaló el organismo en su reporte, destacando que la falta de coordinación entre el estado y los municipios impide una atención integral.
De cara al próximo año, el OCPA definió una ruta clara de exigencia ciudadana. La prioridad para 2026 será presionar para que el marco normativo se traduzca en políticas públicas territoriales, acciones educativas preventivas y la aplicación rigurosa del Código Penal en casos de maltrato.
El Observatorio reafirmó que mantendrá su carácter técnico y basado en datos oficiales, sin opiniones personales, para seguir colocando la agenda del bienestar animal en el centro del debate público en Tlaxcala.
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