San Pablo del Monte exige a Tlaxcala resolver conflicto limítrofe con Puebla

Mediante un documento dirigido al Poder Legislativo, firmado por Federico Coyotl Coyotl, coordinador de límites territoriales del municipio, se exige que se garantice la participación institucional del Comité Municipal en todas las mesas de diálogo, reuniones y acuerdos que se realicen con autoridades poblanas o instancias federales. Para la autoridad local, dejar fuera al municipio no solo es una falla administrativa, sino una afectación directa a los derechos de la población.

Piden calendario formal y solución con base legal

Además de la inclusión, el ayuntamiento solicitó establecer un calendario formal de trabajo, con fechas claras, órdenes del día y compromisos verificables que permitan avanzar hacia una solución definitiva. Todo ello, señalan, debe sustentarse en el decreto del 15 de diciembre de 1899, así como en la documentación técnica e histórica existente que respalda los límites territoriales.

Incluso, se pidió una audiencia directa con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con el objetivo de exponer una problemática que impacta a más de 80 mil habitantes y que, aseguran, requiere atención prioritaria del más alto nivel del gobierno estatal. El municipio también llamó a que Tlaxcala asuma su responsabilidad constitucional de defender la integridad territorial de sus demarcaciones.

Un conflicto de más de dos décadas sin resolver

Federico Coyotl reprochó la exclusión de San Pablo del Monte de las mesas de diálogo, al considerar que se viola el derecho a ser escuchados, conforme al artículo 115 constitucional, que promueve la máxima participación democrática. Para el municipio, el conflicto limítrofe debe resolverse con Estado de Derecho, respeto a los documentos históricos y la participación de todos los actores.

La autoridad municipal destacó que existe un extenso archivo documental que acredita los límites territoriales y lamentó la omisión sistemática de las autoridades estatales durante más de 25 años, tiempo en el que no se ha logrado una solución definitiva. Esta falta de resolución, aseguran, vulnera la seguridad jurídica y mantiene en incertidumbre a miles de habitantes que solo piden claridad, legalidad y una respuesta de fondo.