Tlaxcala, Tlax.,- La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) ha alzado la voz para denunciar una serie de actos intimidatorios y amenazas de muerte contra la comunicadora Patricia Morales Sánchez, derivado de su labor informativa al documentar las severas afectaciones por inundaciones en el Residencial Real del Valle, ubicado en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemehcan.
El gremio periodístico, encabezado por su presidente Martín Rodríguez Hernández, ha condenado de manera rotunda el hostigamiento que enfrenta la reportera tras la publicación de un trabajo periodístico en el portal MR Noticias. En dicho reportaje, Morales Sánchez dio voz a al menos 20 vecinos afectados por la pérdida de su patrimonio y vehículos, además de evidenciar presuntas irregularidades urbanas, como el cambio de nivel en un campo de fútbol aledaño y la obstrucción de cauces naturales de agua.
La denuncia detalla un patrón de agresiones que inició con llamadas telefónicas realizadas durante la madrugada para exigir la eliminación del material informativo.
Posteriormente, la presidenta de comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, Michelle Vázquez Trujillo, descalificó el trabajo periodístico mediante un mensaje de WhatsApp en el que tachó los testimonios ciudadanos de “chismes sin fundamento”.
La situación escaló a niveles alarmantes cuando, a través de una llamada realizada desde un número desconocido a un familiar de la periodista, se emitió una amenaza directa contra la integridad física de la comunicadora, advirtiéndole que debía resguardarse en su domicilio para evitar agresiones físicas.
Ante estos hechos, la UPET calificó las acciones como una grave violación a la libertad de expresión y una posible comisión de los delitos de amenazas y coacción.
Por ello, la organización ha demandado al presidente municipal de Yauhquemehcan y a la propia presidenta de comunidad que cesen de inmediato cualquier tipo de presión, hostigamiento o intimidación contra la reportera, su familia y los ciudadanos que se atrevieron a denunciar.
Finalmente, el organismo hizo un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala para que inicie una investigación de oficio, identifique a los responsables de las llamadas intimidatorias y garantice medidas cautelares que salvaguarden la vida y seguridad de Patricia Morales.
La UPET reiteró que no tolerará intentos de silenciar la labor informativa mediante el miedo, reafirmando su compromiso de proteger el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre la gestión pública y las problemáticas locales.
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