La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que este lunes 24 de noviembre se registraron 29 bloqueos en carreteras de 17 estados, principalmente por parte de transportistas y productores agrícolas que alzaron la voz ante la inseguridad y demandas sectoriales.
El panorama estuvo pesado: afectaciones laborales, retrasos en escuelas, problemas de abasto y un caos tremendo en movilidad.
Aunque la Segob insistió en que el diálogo institucional sigue abierto, también dijo que “no había motivos” para realizar estas acciones. Aun así, los bloqueos se extendieron por carreteras federales y estatales, dejando 17 cierres totales y varios parciales. Incluso hubo presencia de manifestantes en tres casetas de cobro y una aduana.
La dependencia recordó que han sostenido más de 200 reuniones con productores agrícolas, junto con la Guardia Nacional y la SICT, para atender temas de seguridad, regulación e infraestructura. Desde su versión, “solo una agrupación transportista” participó realmente en el paro, mientras que las demás se mantuvieron en mesas de trabajo.
Los transportistas responden y dibujan otro panorama
Aquí vino el contraste. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) aseguró que no fueron convocados formalmente a esa mesa de diálogo que anunció el gobierno. Para ellos, la invitación fue improvisada y sin la seriedad necesaria.
Pero la parte más dura vino cuando explicaron por qué protestaron: no era por política, sino porque viven bajo un riesgo diario. Según la ANTAC, entre 35 y 40 transportistas sufren delitos cada día. Lo dijeron sin rodeos: “Queremos dejar de preocuparnos por si volvemos o no a casa”.
El pliego de demandas incluyó la presencia de la Guardia Nacional en retenes, fiscalías especializadas en delitos carreteros y paraderos seguros. También denunciaron presiones y hasta amenazas de carpetas de investigación contra su líder, David Estévez, por la participación masiva en la movilización. Para ellos, el paro nacional era la única forma de visibilizar una realidad que sienten ignorada.
La advertencia del gobierno y los procesos ya en curso
Durante una conferencia, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un mensaje directo: afectar vías federales puede constituir un delito federal, y recordó que varios líderes de bloqueos anteriores ya tienen carpetas de investigación abiertas.
Rodríguez señaló que no es un tema nuevo y que algunos dirigentes han sido detenidos en el pasado por obstrucción de vías, tomas de casetas y otras acciones similares. La advertencia quedó clara: el gobierno reconoce el problema, pero también vigilará que las protestas no crucen los límites legales.
Entre ambas versiones, la tensión permanece: por un lado, las autoridades hablando de diálogo; por el otro, transportistas diciendo que simplemente no quieren vivir con miedo. Y mientras tanto, miles de personas quedaron atrapadas en un día que paralizó medio país.