La reforma ha generado diversas protestas en México, incluyendo un paro en el Supremo y marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal organización del sector privado en México, ha solicitado este lunes al Senado una discusión amplia y detallada sobre la reforma al Poder Judicial.
Esta reforma, que incluye la propuesta de elegir jueces mediante voto popular, fue aprobada por las comisiones del Senado la noche del domingo y se votará en el Pleno el próximo miércoles, donde el partido oficialista tiene mayoría.
La reforma, que ya recibió el aval de la Cámara de Diputados el 3 de septiembre, ha generado preocupación en el sector privado. El CCE ha pedido a los senadores que permitan una discusión profunda para analizar los cambios necesarios que puedan mejorar la administración de justicia en el país y el funcionamiento del Poder Judicial.
El CCE destacó que cualquier reforma constitucional que busque garantizar la división de poderes y la independencia judicial debe ser examinada cuidadosamente para proteger los derechos fundamentales y los compromisos internacionales de México, incluyendo derechos humanos, laborales, ambientales, así como tratados comerciales y de inversión.
El CCE, que representa a las principales organizaciones empresariales responsables del 80% del PIB nacional, subrayó que México tiene la oportunidad de establecer un sistema de justicia moderno que ofrezca certeza jurídica, estado de derecho y un entorno favorable para la inversión.
Previamente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a los senadores de oposición mantenerse firmes contra la reforma. Según Coparmex, la reforma actual no cumple con el objetivo de mejorar el acceso rápido y equitativo a la justicia.
También advirtió sobre el riesgo de politización de la justicia debido a la elección directa de jueces por voto popular, lo que podría comprometer la imparcialidad del Poder Judicial.
Además de la elección de jueces por voto popular, la reforma propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y reducir su mandato de 15 a 12 años. También plantea que la presidencia de la SCJN se renueve cada dos años y que ningún ex-ministro pueda ser reelecto.
La reforma ha generado diversas protestas en México, incluyendo un paro en el Supremo y marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.
Los ministros de la SCJN decidieron mantener la suspensión de actividades, que comenzó el martes pasado, uniéndose al paro de casi tres semanas de los trabajadores del Poder Judicial.