Esta contrapropuesta surge de un proceso exhaustivo de diálogo con actores del sistema de seguridad y justicia, tanto federal como local.
Este domingo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó una contrapropuesta de reforma judicial, la cual comenzó a ser discutida en el Senado de la República.
La propuesta, que incluye la elección de jueces por voto popular, busca abordar diversas áreas del sistema de justicia.
En un mensaje en redes sociales, Piña anunció la publicación de dos propuestas en materia de justicia: una reflejando la visión de la Judicatura y otra que incorpora las opiniones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia.
Esta contrapropuesta surge de un proceso exhaustivo de diálogo con actores del sistema de seguridad y justicia, tanto federal como local.
El documento incluye propuestas para promover la desmilitarización, fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la justicia penal y los derechos humanos, y crear la Ley General de Defensorías Públicas.
Piña destacó que la propuesta se originó en un “proceso reflexivo y autocrítico” dentro de la Judicatura, involucrando a jueces, magistrados y personal jurisdiccional, así como a sistemas de justicia locales.
El objetivo de la propuesta es enriquecer la discusión sobre la reforma judicial con la experiencia directa de quienes imparte justicia. La ministra hizo un llamado “respetuoso, pero firme” a legisladores y autoridades del sistema de seguridad y justicia para que se escuchen mutuamente, así como a las víctimas de violencia y defensores de los derechos humanos.
También pidió escuchar a organismos internacionales, estudiantes y jóvenes que han demandado un futuro libre de violencia y un país en paz.
Piña subrayó que la demolición del Poder Judicial no es la solución y que con valor y voluntad real se pueden implementar cambios profundos y necesarios para construir la paz y la justicia en México.
Estas declaraciones llegan en un momento de tensión, con el Senado iniciando la discusión de la polémica reforma judicial en medio de protestas de trabajadores judiciales, estudiantes y opositores.
La reforma ha generado paros en la SCJN, marchas estudiantiles y advertencias de organismos multilaterales, como la ONU, organizaciones empresariales y calificadoras, sobre riesgos a la inversión privada y posibles sanciones económicas.