Concesión de RUTA podría costar 22 mil millones si se cancela anticipadamente

Así lo expuso el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al explicar que el contrato firmado en 2013 aún tiene 29 años de vigencia por delante, lo que vuelve casi imposible darlo por finalizado sin afectar gravemente las finanzas estatales.

La administración que encabeza Alejandro Armenta asegura que está trabajando para ordenar estos acuerdos heredados y frenar un modelo que, por años, operó en perjuicio del recurso público. Según García Parra, estos contratos no solo fueron mal diseñados, sino que comprometieron el dinero de las y los poblanos por décadas, creando una dependencia financiera difícil de revertir.

Finanzas comprometidas y servicios privatizados

El funcionario también habló del sistema de agua potable, otro servicio que quedó en manos privadas bajo esquemas que él calificó como desventajosos para el estado. Recordó que el Congreso local perdió la facultad de regular tarifas, generando un escenario en el que recuperar este servicio tendría un costo superior a 7 mil millones de pesos.

Además, destacó que desde la implementación de este modelo se han pagado más de 4 mil millones de pesos, una cifra que refleja la profundidad del compromiso financiero adquirido desde 2013. Bajo ese contexto, rescindir contratos o revertir privatizaciones no es tan sencillo como solo romper un papel: el costo es real, y gigantesco.

Puebla busca orden, transparencia y defensa del patrimonio

El gobierno estatal insiste en que su prioridad es recuperar el control y proteger el patrimonio público, dejando claro que no permitirá que continúen prácticas que califica como saqueo institucional. Asegura que actuará con transparencia, orden y defensa a los recursos estatales, buscando un nuevo modelo de desarrollo que beneficie a la ciudadanía y no a unos cuantos.

Lo que queda claro tras estas declaraciones es que revertir decisiones del pasado no será oficio rápido ni barato. Sin embargo, el mensaje que envía el gobierno de Puebla es firme: ya no se permitirá que el recurso público siga dependiendo de acuerdos que lastimaron la economía estatal, y se trabajará para corregir el rumbo sin cargar la factura sobre la población.