La Fiscalía General del Estado consiguió que la justicia avanzara en un caso que llevaba años en proceso.
Laura N. fue sentenciada a más de 23 años de prisión por homicidio calificado, luego de que la autoridad acreditara que ella habría planeado el ataque contra un empresario con quien mantuvo una relación sentimental. Según la investigación, la mujer no actuó sola, sino que presuntamente contrató a dos hombres para ejecutar la agresión.
Todo ocurrió el 15 de julio de 2019, en calles de la colonia Anzures, en Puebla. La víctima fue interceptada, atacada con arma de fuego y murió en el lugar. Desde entonces, la Fiscalía comenzó a reunir pruebas, testimonios y elementos que apuntaban a la participación intelectual de Laura N., lo que finalmente llevó a su detención y proceso judicial.
La ruta legal que siguió el caso
El 29 de mayo de 2023 se dictó la primera sentencia condenatoria, pero la defensa decidió apelar buscando modificar el fallo. El Tribunal de Alzada revisó el caso y el 28 de febrero de 2025 confirmó la sentencia, manteniendo firme la resolución por homicidio calificado. Sin embargo, la mujer no se detuvo y promovió un amparo, lo que llevó el expediente hasta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que ordenó emitir una nueva determinación para cerrar cualquier duda jurídica.
Tras esta instrucción, el Tribunal volvió a evaluar lo presentado por la Fiscalía y reafirmó la pena. La resolución también contempló el pago por reparación del daño hacia los familiares de la víctima.
Justicia que tardó, pero avanzó
Este caso refleja cómo un proceso penal puede extenderse durante años, con apelaciones, amparos y revisiones, pero aun así llegar a una conclusión. La Fiscalía sostuvo la acusación con pruebas suficientes y logró que la sentencia se mantuviera sin cambios. Finalmente, Laura N. deberá cumplir 23 años y 9 meses de prisión, una resolución que marca el cierre judicial de uno de los expedientes más complejos surgidos en la ciudad en los últimos años.
Para la autoridad, este fallo representa la confirmación de que el homicidio fue planeado y ejecutado de manera deliberada, y que la víctima y su familia merecían una respuesta firme de la justicia.
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