Tlaxcala, Tlax.- El Gobierno de Tlaxcala oficializó nuevas reglas claras en materia de gasto público: ningún salario dentro del Poder Ejecutivo podrá ser superior al de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, quien percibe más de 119 mil pesos mensuales.
La medida fue publicada en el Periódico Oficial el 13 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 15 de febrero de 2027. Con esto, la administración estatal busca marcar un precedente en materia de disciplina financiera y control presupuestal.
El acuerdo forma parte de los Lineamientos y políticas generales del presupuesto, donde se establece que las dependencias deberán ajustarse estrictamente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala (PEET).
En pocas palabras: se acabaron los excesos salariales y las compensaciones discrecionales.
Además, si los ingresos no alcanzan o se requiere equilibrar las finanzas, se reducirán montos destinados a:
- Comunicación social
- Gasto administrativo no vinculado directamente a la atención ciudadana
- Servicios personales, principalmente percepciones extraordinarias
Austeridad con destino estratégico: salud, educación y empleo
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es que los ahorros generados por las medidas de austeridad se destinarán a programas estratégicos de educación, salud y empleo.
El artículo 37 señala que estos recursos primero fortalecerán dichas áreas prioritarias y, una vez cubiertas, hasta el 50% podrá orientarse a gasto corriente.
También se establecen medidas contundentes:
- No se crearán nuevas plazas, salvo en casos específicos como seguridad pública, médicos y centros de salud.
- Las plazas operativas de seguridad que estén en funciones administrativas deberán regresar a tareas sustantivas.
- No habrá incrementos salariales, excepto los ya previstos para personal operativo.
- Se prohíbe el pago de telefonía celular a servidores públicos.
- Las plazas no sustantivas vacantes permanecerán congeladas.
Asimismo, queda restringida la contratación de personal eventual o por honorarios para funciones que no sean esenciales, salvo que exista presupuesto aprobado y autorización temporal.
Modernización administrativa y blindaje financiero
El acuerdo no solo habla de recortes, sino de una estrategia más amplia de reorganización gubernamental. La administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros plantea una política anual de gasto público enfocada en:
“certeza, independencia, legalidad, honestidad, racionalidad, eficiencia, objetividad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas”.
La intención, según el documento, es blindar al estado ante cualquier eventualidad económica, garantizando condiciones presupuestarias sólidas y sostenibles.
Además, se impulsa un Programa de Modernización y Reingeniería Administrativa, que contempla:
- Simplificación y sistematización de trámites
- Cancelación de programas de bajo impacto
- Racionalización de estructuras administrativas
- Mejora en la prestación de servicios
El mensaje es claro: hacer más con menos, priorizando el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Con estas medidas, el Gobierno estatal apuesta por un modelo de administración austero, transparente y enfocado en resultados. El objetivo final es que el presupuesto realmente se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía y que la gestión pública esté alineada con un principio básico: servir al pueblo antes que a la burocracia.
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