Organizaciones feministas han expresado su preocupación y condena a través de un pronunciamiento conjunto, calificando la reforma como un "retroceso sin precedentes" en la garantía del derecho al aborto.
El Congreso de Aguascalientes aprobó este miércoles una reforma que reduce el plazo para el aborto voluntario a seis semanas de gestación, en contraste con el periodo previo de 12 semanas.
La reforma, respaldada por 19 votos a favor y seis en contra, fue impulsada por la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), a pesar del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la prohibición del aborto en la entidad.
La nueva legislación establece sanciones de entre tres y seis meses de cárcel, así como multas económicas para quienes realicen un aborto después de la sexta semana de gestación. Además, requiere que al menos dos trabajadores de la salud verifiquen si un aborto espontáneo fue realmente involuntario.
Este cambio ocurre tras una sentencia de la SCJN, el 30 de agosto de 2023, que invalidó la prohibición del aborto en Aguascalientes. El estado era uno de los 13 en el país con códigos penales modificados para permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12, con Sinaloa permitiendo hasta la semana 13.
Organizaciones feministas han expresado su preocupación y condena a través de un pronunciamiento conjunto, calificando la reforma como un "retroceso sin precedentes" en la garantía del derecho al aborto.
Aseguran que esta medida pone en riesgo la salud y autonomía de mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans, personas no binarias y otras personas. Advierten también que esta reforma podría alentar a otros estados que han recibido fallos similares de la SCJN a replicar el modelo de reducción del plazo de gestación permitido para abortar.
El posicionamiento, firmado por asociaciones como Marea Verde, Abortistas, México Igualitario y Mexicanas en Acción Positiva, denuncia que la reforma viola el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, así como el derecho a la igualdad, la no discriminación y la salud.
A pesar de las declaraciones anteriores de la SCJN en septiembre de 2021 y septiembre de 2023 sobre la inconstitucionalidad de prohibir el aborto, la interrupción del embarazo sigue dependiendo en gran medida de los códigos penales estatales.