Puebla rompe 12 años de abandono y lanza el mayor impulso al transporte público

Bajo la administración de Alejandro Armenta se anunció un apoyo del 20% a fondo perdido como enganche para adquirir unidades híbridas, eléctricas o de bajas emisiones. Este beneficio va directo a quienes realmente están al volante: taxistas, combieros y camioneros con vehículos modelo 2015 o anteriores, no para quienes acumulan permisos como negocio. El fondo inicial arranca con 200 millones de pesos, además de un esquema financiero que ayuda a cubrir el resto del valor de la unidad sin ahogar a los concesionarios.

Y ojo, porque los trámites —que antes parecían castigo y no proceso administrativo— también sufrieron una sacudida fuerte. El cambio de concesión, que antes costaba 34 mil pesos, quedó en cero pesos, se cancelaron adeudos pendientes y la vigencia del taxi subió de 7 a 10 años, beneficiando directamente a más de 10 mil transportistas. Un alivio que ya muchos pedían a gritos.

Certificación casi gratis y reglas más parejas para todos

Otro anuncio que dejó boquiabiertos a varios fue la reducción en el costo de certificación. Pasó de 700 pesos a solamente 20 pesos, con un descuento del 40% adicional en estándares obligatorios. La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, aseguró que este ordenamiento viene con reglas claras para que taxis y plataformas digitales compitan con piso parejo. Más de 30 mil choferes deberán contar con licencia mercantil obligatoria, lo que profesionaliza el servicio y aumenta la seguridad del usuario.

El programa incluye revista vehicular con más de 19 mil unidades verificadas, así como operativos de vigilancia para evitar delitos o abusos dentro del transporte público. Según Tanús, este es el plan más amplio, directo y favorable para el sector en más de una década. La modernización, al fin, se pone en marcha con orden, transparencia y humanidad.

Nuevo corralón estatal y prioridad al bienestar del usuario

Para cortar de raíz los abusos, el gobernador anunció la creación de un corralón estatal que evitará cobros ilegales por arrastre o liberación. Con esto se busca proteger a las familias poblanas y garantizar que, al subir a un taxi, combi o camión, lo hagan en una unidad regulada y con un operador capacitado.

Estos cambios empatan con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, colocando al transporte público en el centro de las decisiones sociales. La apuesta es clara: un sistema más digno, seguro y justo para miles de usuarios y transportistas que durante años quedaron rezagados. Puebla, al fin, acelera hacia un modelo de movilidad moderno y humano.