Retraso en aclaración del presunto desfalco municipal prolonga incertidumbre financiera

Según la autoridad municipal, los expedientes serán canalizados al área de Responsabilidades, instancia que deberá determinar quiénes podrían enfrentar procedimientos o sanciones. El proceso, explicaron, forma parte de un esfuerzo por recuperar la confianza pública en la administración local y evitar que los vacíos en la entrega-recepción vuelvan a repetirse en futuros cambios de gobierno.

La contralora Dulce Lilia Rivera Aranda señaló que la administración anterior no proporcionó la información necesaria para aclarar los gastos cuestionados. Las auditorías iniciadas hace un año concluirán en diciembre y, con ello, comenzará el análisis detallado de cada caso para establecer responsabilidades individuales. La falta de datos completos ha retrasado el avance y mantiene sin respuesta varios señalamientos derivados de la revisión financiera.

Entre los pendientes más relevantes se encuentran 387 millones de pesos que aún carecen de justificación, principalmente ligados a contratos, inversión pública y gasto corriente en proyectos de obra. También figuran adeudos con proveedores, pagos atrasados de servicios básicos y desembolsos sin explicación clara, lo que motivó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La Contraloría reportó además que durante la transición se identificaron 368 observaciones que no fueron solventadas por la administración saliente. El gobierno actual prevé que todo el procedimiento quede concluido antes de finalizar el periodo de José Chedraui Budib, momento en el que se emitirán las resoluciones finales.