La detención de seis personas y el aseguramiento de un campamento clandestino en Colima volvió a poner el foco en la franja limítrofe con Michoacán.
El operativo se realizó en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán, una zona considerada estratégica y de vigilancia prioritaria por su cercanía con regiones golpeadas por la violencia.
Autoridades estatales confirmaron que esta acción forma parte de una estrategia de seguridad reforzada en el occidente del país, donde en las últimas semanas se ha incrementado la presencia de fuerzas federales para desarticular células delictivas y cortar rutas de operación criminal.
Aseguran armas, drogas y equipo táctico
El despliegue fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la V Región Militar y la 20ª Zona Militar, junto con la Guardia Nacional y corporaciones estatales. Durante la incursión, los elementos localizaron y aseguraron armas largas y cortas, cartuchos útiles, equipo táctico y sustancias con características de drogas, lo que confirma que el sitio funcionaba como punto logístico para actividades ilícitas.
Los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, y todo lo decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que ya integra la carpeta de investigación correspondiente para definir responsabilidades y posibles vínculos con otros hechos violentos.
Indagan posible relación con coche bomba en Coahuayana
La línea de investigación más delicada apunta a determinar si esta célula tiene relación con la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, ocurrida el pasado 6 de diciembre frente a instalaciones de la Policía Comunitaria, ataque que dejó seis personas fallecidas y es indagado bajo protocolos de delincuencia organizada.
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, reconoció la importancia de la coordinación federal para lograr estos resultados, aunque fue clara al señalar que no existe información concluyente que vincule directamente a los detenidos con ese atentado. Subrayó que será la FGR la encargada de confirmar o descartar cualquier conexión.
Este operativo se enmarca en el Plan Michoacán, activado tras hechos de alto impacto como el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 2 de noviembre. Desde entonces, la presencia militar y policial se ha intensificado en la frontera entre Colima y Michoacán, con el objetivo de disuadir la violencia y desmantelar campamentos clandestinos como el localizado en Ixtlahuacán.
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