La SCJN reconoce a los padres de Fátima como víctimas indirectas del feminicidio de su hija en 2015 y ordena reparación integral y acciones preventivas.
EdoMex.- En un precedente jurídico sin igual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la decisión de un tribunal federal y reconoció a los padres de Fátima como víctimas indirectas del feminicidio de su hija, ocurrido el 5 de febrero de 2015 en Lerma, Estado de México.
Este reconocimiento representa un paso fundamental en la protección de los derechos de las familias afectadas por la violencia de género.
Fátima tenía solo 12 años cuando fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada por tres individuos, uno de ellos menor de edad. Tras el brutal crimen, sus familiares sufrieron amenazas por parte de los agresores, lo que provocó el desplazamiento forzado de al menos 12 integrantes de su familia, quienes actualmente residen en Monterrey, Nuevo León.
La sentencia emitida por la SCJN ordena una reparación integral del daño, la cual incluye atención psicológica especializada para los familiares —con énfasis en los niños desplazados— y garantías de no repetición. Entre las acciones que deben ser implementadas por las autoridades del Estado de México destacan:
- Pavimentación de la calle donde ocurrió el crimen.
- Instalación de botones de pánico y cámaras de videovigilancia.
- Incremento de la vigilancia policial en la zona.
- Evaluación para construir un monumento en honor a Fátima.
- Emisión de una disculpa pública oficial con la presencia de los padres.
La Corte también hizo hincapié en que el Estado de México permanece bajo una Alerta de Violencia de Género, activada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al alarmante número de feminicidios registrados en la entidad.
Este fallo no solo busca dignificar la memoria de Fátima, sino que también exhorta a las autoridades a asumir un rol activo en la prevención de la violencia feminicida y en el acompañamiento de las víctimas indirectas, enviando un mensaje claro: el Estado debe reconocer, proteger y reparar a quienes sufren las consecuencias más devastadoras de la impunidad y la violencia.
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