Corte Suprema de EE. UU. frena deportación de venezolanos por falta de debido proceso
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Jue, May

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Internacional

Corte Suprema de EE. UU. frena deportación de venezolanos por falta de debido proceso

La Corte Suprema ordena detener la deportación de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, tras denuncias por falta de debido proceso.

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente la deportación de venezolanos detenidos bajo custodia migratoria, luego de que sus abogados advirtieran que estaban en riesgo de ser expulsados sin la revisión judicial obligatoria.

En una resolución breve y sin firma, los jueces ordenaron al Gobierno que suspenda cualquier deportación de los detenidos hasta nuevo aviso. Los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su desacuerdo públicamente.

La medida surge tras una acción urgente presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que alertó sobre intentos de deportación sin que los afectados pudieran acceder a un tribunal. Algunos incluso ya habían sido trasladados en autobuses.

La ACLU denunció que el gobierno de Donald Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, diseñada para tiempos de guerra, para justificar las deportaciones rápidas de personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela que la administración considera terrorista.

"Estos hombres corrían peligro inminente de pasar la vida en una horrible prisión extranjera sin haber tenido la oportunidad de comparecer ante un tribunal", declaró Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU.

El caso pone en duda si la administración Trump respeta los límites legales impuestos por la Corte Suprema, y podría provocar una crisis constitucional por el choque entre poderes del Estado.

El viernes, un tribunal de apelaciones le dio una victoria a Trump al suspender una amenaza de desacato por parte del juez James Boasberg, quien también rechazó bloquear las deportaciones, a pesar de expresar su preocupación.

La Corte Suprema ahora deberá analizar si el Ejecutivo ha cumplido con los estándares de debido proceso, como lo establece su fallo del 7 de abril, antes de enviar a los migrantes a otros países, posiblemente a prisiones en El Salvador.