Las sanciones impuestas por Trump incluyen restricciones financieras y limitaciones de visado para funcionarios del tribunal involucrados en investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
EUA.- La Corte Penal Internacional (CPI) instó a la comunidad internacional a defender la justicia y los derechos humanos, luego de que el expresidente de EE.UU., Donald Trump, impusiera sanciones contra funcionarios del tribunal.
En un comunicado, la CPI advirtió que la decisión del mandatario afecta la independencia judicial y aseguró que seguirá adelante con su labor de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Parte, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, declaró el tribunal.
Reacciones internacionales: apoyo de la UE y rechazo de Israel y Hungría
Líderes de la Unión Europea (UE) expresaron su apoyo a la CPI. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, alertó que sancionar al tribunal socava el sistema de justicia penal internacional.
Así mismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la independencia de la CPI y su lucha contra la impunidad global.
En contraste, los gobiernos de Israel y Hungría respaldaron la medida de Trump. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, calificó la CPI de “corrupta” y aseguró que no tiene jurisdicción para enjuiciar a Israel.
De igual manera, el canciller húngaro, Péter Szijjártó, afirmó que el tribunal se ha convertido en una herramienta política sesgada.
Investigaciones contra Netanyahu y tensiones con EE.UU.
El exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, sugirió que Trump sancionó a la Corte debido a la investigación sobre presuntos crímenes de guerra de Netanyahu en Gaza.
“¿La CPI debería investigar solo a los enemigos de EE.UU., como Putin, o también a Netanyahu?”, cuestionó el magistrado argentino.
Las sanciones impuestas por Trump incluyen restricciones financieras y limitaciones de visado para funcionarios del tribunal involucrados en investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
Pese a ser creada por el Estatuto de Roma, países clave como EE.UU., China, Rusia e Israel no son miembros y rechazan su jurisdicción cuando se trata de sus propios ciudadanos o aliados.
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