David tiene 17 años. En 2020 planeaba entrar a la preparatoria, pero en lugar de eso se metió a trabajar a una fábrica que está a unos metros de su casa en Atizapán, Estado de México, para aprovechar el tiempo, tener un poco más de paga y no gastar en pasajes.
Su mamá era vendedora ambulante en el municipio vecino de Tlalnepantla, pero las autoridades suspendieron todos los permisos debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, y ella también entró a trabajar a la fábrica con el salario mínimo. Los gastos se incrementaron en los meses siguientes cuando el abuelo de David, ‘don Memo’, enfermó y falleció.
“Entre los dos le damos gasto a mi abuelita, que cocina en total para seis personas. Ya trabajando y por como están las cosas veo difícil poder regresar a la escuela”, dice el adolescente en entrevista con Expansión Política . David es uno de los 2.5 millones de menores de edad que, de acuerdo con estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), estarían entrando en actividades laborales por la crisis derivada de la pandemia, sumándose a los 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en esa situación antes de 2020.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que hay una relación directa entre bajo salario y desempleo con el incremento del trabajo infantil; es decir, por cada punto porcentual de pobreza en la población adulta, la situación laboral de menores de edad aumenta hasta 0.7%. Y la pobreza en México, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), podría aumentar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales: cada punto adicional se traduce en 285,000 nuevos niñas niños y adolescentes adicionales al trabajo infantil.
La Redim indica que, hasta antes de la pandemia, el porcentaje de menores de cinco a 17 años en situación laboral era de 11.5% (3.3 millones), pero en este año la estadística podría crecer a 16.5 o 17% debido a los niveles de pobreza que estaría dejando el confinamiento, el cierre de escuelas, los despidos masivos y los recortes de salario.
'El aumento de la pobreza, producto de la crisis económica y de las medidas implementadas debido a COVID-19, orillará a los hogares a recurrir a todos los medios disponibles para sobrevivir, lo que podría empujar a millones de niños, niñas y adolescentes más al trabajo infantil, paralizando el proceso de 20 años para eliminar este flagelo”, alertó la organización civil en su Balance Anual 2020 , actualizado este mes.
Abandono escolar
Las cifras de trabajo infantil no necesariamente se traducen a las de abandono escolar. De hecho, hasta este momento, se desconoce el número de niñas, niños y adolescentes que están dejando sus estudios entre 2020 y 2021.
“La autoridad educativa (Secretaría de Educación Pública) no ha dado a conocer las cifras que arrojó el término del ciclo escolar 2019-2020 para con eso tener el primer cálculo de abandono escolar, y tampoco ha dado a conocer las cifras de un formato llamado 911 del inicio de ciclo escolar 2020-2021, con lo cual podríamos tener una cifra preliminar de aquellos alumnos que ya no continuaron sus estudios en este ciclo escolar”, explica Marco Antonio Fernández Martínez , profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa. Sin embargo, el especialista señala que, con base en censos o reportes proporcionados por instituciones educativas en distintas entidades, hay “números preocupantes” de alumnos que no han tenido contacto con sus profesores desde que se declararon las clases a distancia.
Esta es la primera ocasión que la información sobre abandono escolar no se publica en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
Los últimos datos que difundió la SEP fueron en junio de 2020, cuando reportó que en el ciclo escolar 2018-2019 las tasas de deserción fueron de 0.6% en primaria, 4.4% en secundaria, y 13% en preparatoria a nivel nacional.
En esa fecha, cuando se empezaron a restablecer algunas actividades económicas, la SEP afirmó que trabajaba para hacer frente al abandono escolar como consecuencia de las medidas que se tomaron por la pandemia, como la suspensión de clases presenciales.
Pero Fernández Martínez indica que, sin la información actualizada sobre el tamaño del abandono escolar, es difícil establecer una ruta de acciones por parte de la SEP. En este sentido, critica que la única estrategia del gobierno federal sea repartir becas, pues las razones económicas no son las únicas que obligan a los menores a dejar sus estudios, también están las académicas (no todos aprenden al mismo ritmo), las emocionales o las de salud.
La calificación de Aprende en Casa Decir que Aprende en Casa sacó, según el gobierno, una calificación de 8, son patrañas.
“Es importante entender tanto el tamaño como los factores, porque así se pueden establecer diferentes políticas públicas que no necesariamente son becas, sino tutorías académicas, medios que faciliten el contacto entre alumnos y profesores, la contención emocional, o si son afectaciones de salud ver de qué manera se van a ir resolviendo”, puntualiza.
El investigador de México Evalúa enfatiza que estadísticas nacionales e internacionales muestran que una persona deja sus estudios truncos, las posibilidades de tener un mejor futuro laboral se reducen de manera sustantiva, manteniendo círculos de pobreza que se perpetúan en el tiempo.
El pasado 15 de febrero, Esteban Moctezuma Barragán se despidió de la SEP reportando “buenas calificaciones” para el programa ‘Aprende en Casa’, la solución que México y otros países encontraron para impartir clases a la distancia por televisión e internet. De acuerdo con el ahora embajador, se levantó una encuesta entre docentes, alumnos y padres de familia que dieron una calificación de 8 al programa.
Pero Marco Fernández comenta que esto no es representativo. “La encuesta se levantó en cuestionarios de autoselección vía internet, entonces las personas sin internet no podían participar. Hubo sobrerrepresentación de ciertos estados, como la Ciudad de México y el Estado de México, casi no hubo respuestas de Chiapas y Oaxaca. No existió un control para decir si realmente el programa ‘Aprende en Casa’ fue efectivo”, dice Marco Fernández.
Por otro lado, agrega que en el Tec de Monterrey se realizó una encuesta en la que el 68% de padres de familia manifestó que a sus hijos no les gustaban las clases que se transmitían, y cerca del 80% decía que estaban conscientes que esto iba a tener repercusiones en el aprendizaje de sus hijos.
El investigador alerta que tampoco se conocerán esas repercusiones porque no se ha hecho una evaluación diagnóstica al aprendizaje que han tenido los estudiantes en el ciclo anterior y en el actual.
“Si no tenemos estos datos, ¿de qué manera le vamos a plantear a los maestros las rutas diferenciadas que se tienen que seguir en los siguientes meses y años?”, cuestiona.
Fernández Martínez destaca que para el regreso a las aulas, que se está planteando en algunos estados, se necesita una ruta logística y una ruta educativo-pedagógico, además de que se necesita garantizar que los espacios educativos contarán con todas las medidas sanitarias para evitar contagios.
“Hay todo un desafío donde los docentes exigen estar vacunados antes de tomar una decisión, pero eso es relativo, porque incluso en el caso de Campeche (donde se empezaron a aplicar las vacunas al sector educativo), hemos visto una apertura semipresencial, no hay tutorías académicas y emocionales, y eso también se prometió”, concluye. A pesar de los esfuerzos de la SEP en lo que va de la pandemia, el cierre de escuelas afectó, de una u otra manera, a cerca de 30 millones de alumnos registrado en el nivel básico y a 5.2 millones del medio superior
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