Además, mencionaron que quienes los agredieron asesinaron a dos personas, abusaron sexualmente de al menos una docena de mujeres, y quemaron vehículos y viviendas.
Unas 12 mil personas desplazadas del municipio de Tila, Chiapas acordaron no regresar hasta que el gobierno federal les garantice que hay condiciones de seguridad, detenga y desarme a sus agresores.
Asimismo, exigen que se les reconozca el derecho de propiedad del terreno donde están sus viviendas, el cual disputan con ejidatarios. Esta decisión la tomaron luego de que representantes de los desplazados tuvieron una reunión con funcionarios de los tres niveles de gobierno, en la que las autoridades les dijeron que pueden retornar “cuando así lo sientan”.
El martes pasado se incrementó el número de desplazados, luego de que ejidatarios salieran de localidades cercanas a la cabecera municipal, en donde aseguran que llegaron personas armadas y dispararon contra las viviendas.
Se calcula que ya son 12 mil los desplazados; algunos se ubican en los albergues que el gobierno del estado y otros se refugiaron en parroquias y con familiares en los municipios de Tumbalá, Sitalá y Sabanilla.
Los habitantes del municipio fueron convocados por representantes de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, además de funcionarios del gobierno de Chiapas y el presidente municipal, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez. Durante cuatro horas dialogaron en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Petalcingo. Al salir, los funcionarios gubernamentales se negaron a explicar los acuerdos de la reunión a los periodistas que se encontraban afuera.
Por su parte, Adelaida Martínez, una de las representantes de los desplazados dijo, “dicen que ya tienen desplegada la seguridad adentro (en la cabecera municipal), que el retorno prácticamente lo vamos a decidir nosotros cuando nos sintamos seguros para regresar, y obviamente no nos sentimos seguros para regresar, porque no vemos que se estén ejecutando las órdenes de presentación (contra sus agresores)”.
El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y policías estatales retiraron los vehículos incendiados, limpiaron las calles y restablecieron el servicio eléctrico que había sido cortado durante la agresión en la cabecera municipal de Tila. Sin embargo, los desplazados aseguraron que esto no les da seguridad para regresar.
Los pobladores exigen la detención de sus agresores, el desarme en la zona, y que se atienda el problema sobre la situación legal de la tenencia de la tierra en la que está la cabecera municipal, cuya indefinición es el problema que detonó, desde 2015, la confrontación entre ejidatarios y pobladores.
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