Guatemala. - Cientos de indígenas bloquearon carreteras en Guatemala este lunes en protesta por la detención de dos líderes comunitarios, desatando una ola de manifestaciones y reacciones tanto nacionales como internacionales contra el actuar de la fiscalía.
Bloqueos en varios departamentos.
Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, al menos 11 carreteras en nueve departamentos fueron bloqueadas como parte de las acciones de protesta.
Los manifestantes exigen la liberación de Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, y Héctor Batz Chaclán, ambos acusados de terrorismo y obstaculización de la justicia.
Acusaciones y contexto judicial.
La fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, imputa a los líderes indígenas cuatro delitos y ha señalado que las protestas afectarían el patrimonio ciudadano, presentando mensajes de redes sociales como prueba de la planificación de los bloqueos.
La jueza Carol Patricia Flores ordenó el inicio de un proceso judicial contra Pacheco y Batz Chaclán, además de su reclusión en prisión y decretar reserva judicial en el caso. La fiscalía tendrá dos meses para presentar resultados de su investigación.
Reacciones del gobierno y organismos internacionales.
El presidente Bernardo Arévalo condenó enérgicamente las detenciones, calificándolas como "espurias y sin fundamento", y tildó a la fiscalía de ser una "cuadrilla de criminales".
Por su parte, el secretario de Comunicación, Santiago Palomo, indicó que el gobierno priorizará el diálogo y la libre movilidad.
Organismos internacionales, incluida la Unión Europea, también han rechazado las detenciones, aumentando la presión sobre la administración judicial guatemalteca.
Antecedentes de tensión.
La fiscalía de Porras ha mantenido una relación conflictiva con el gobierno de Arévalo incluso antes de su toma de posesión, solicitando en múltiples ocasiones el retiro de su inmunidad para ser procesado por diversos cargos, incluyendo un supuesto fraude electoral, que fue descartado por observadores nacionales e internacionales.
Consuelo Porras, junto con varios jueces y fiscales, ha sido sancionada por 42 países, incluidos los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, debido a acciones que obstaculizan la lucha anticorrupción y socavan la democracia en Guatemala.
Resurgimiento de la resistencia indígena.
Las actuales protestas rememoran las manifestaciones de 2023, cuando miles de indígenas lideraron movilizaciones contra la fiscalía y el sistema judicial, denunciando persecuciones políticas y exigiendo una transición pacífica tras las elecciones ganadas por Arévalo.
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