La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México trabaja en modificaciones legales para impedir que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberen cuentas financieras bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin un juicio de fondo.
Bloqueo de cuentas y reformas en puerta
Cuando la UIF detecta evidencia de lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada, procede a bloquear las cuentas involucradas. Sin embargo, según Sheinbaum, algunos jueces han otorgado suspensiones provisionales que permiten el desbloqueo inmediato de estos recursos.
"Cuando se demuestra que hay lavado de dinero y se liberan las cuentas sin juicio de fondo, eso es corrupción", afirmó la mandataria en su conferencia matutina.
Por ello, el gobierno trabaja en reformas que garanticen que solo se puedan liberar cuentas bloqueadas tras un proceso judicial que demuestre una interpretación errónea de la UIF.
Impacto de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, explicó que la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una medida preventiva para suspender de inmediato el acceso a recursos de origen presuntamente ilícito.
Desde diciembre de 2018 a marzo de 2025, la UIF ha incluido en la LPB a 7,815 sujetos:
- 5,904 personas físicas
- 1,911 personas morales
Actualmente, siguen bloqueadas 6,545 cuentas, y las instituciones financieras han retenido 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, 23,575 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales, lo que el gobierno busca evitar con las nuevas reformas.
Modificaciones a la Ley de Amparo y extradiciones pendientes
Para evitar que la Ley de Amparo sea utilizada para liberar cuentas ilícitas, se analiza su modificación en el Senado de la República. Además, se estudia una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y al Código Penal para permitir que el gobierno represente al sistema financiero en estos casos.
En cuanto a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero y corrupción, la SCJN ordenó su exclusión de la LPB, lo que les permite operar nuevamente en el sistema financiero. No obstante, el gobierno mexicano sigue gestionando su extradición desde Estados Unidos para que enfrenten la justicia en tribunales nacionales.
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