Tlaxcala, Tlax., Trabajadores del ayuntamiento de San Pablo del Monte denunciaron que la presidenta municipal, Ana Lucía Arce Luna, impuso una “Ley Mordaza” al obligarlos a firmar cartas de confidencialidad con advertencias de sanciones administrativas, en un intento por frenar la crisis de credibilidad de su gobierno.
La medida ha causado inconformidad entre el personal, que considera que busca silenciar críticas y encubrir irregularidades.
Según testimonios, esta decisión surgió tras la filtración de documentos comprometedores que involucran al director de Obras Públicas en la presunta falsificación de firmas en un proyecto inflado y de dudosa calidad.
Los empleados señalan al secretario del ayuntamiento, Alejandro Martínez Sánchez, como el principal promotor de esta estrategia, quien influye directamente en las decisiones de la alcaldesa.
La medida, afirman los denunciantes, pretende no solo restringir la difusión de información, sino también exigir opiniones favorables hacia la administración, aun con conocimiento de irregularidades.
Esta acción se da en medio de una administración marcada por señalamientos de corrupción, vínculos con el crimen organizado y manejo opaco de recursos públicos.
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