Puebla, Pue.– Contraloría, Industrial de Abasto y Tesorería son algunas de las principales áreas del Ayuntamiento de Puebla donde se identificaron irregularidades durante el proceso de entrega-recepción del trienio encabezado por Eduardo Rivera Pérez y, en su etapa final, por Adán Domínguez Sánchez, informó la contralora municipal Dulce Lilia Rivera Aranda.
Estas anomalías se suman a las denuncias penales ya interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto hoyo financiero de 547 millones de pesos, revelado el pasado 6 de mayo por el presidente municipal José Chedraui Budib.
Aunque Rivera Aranda se reservó los detalles específicos debido al sigilo de las investigaciones, personal de la administración actual confirmó que se hallaron pagos por facturas sin justificación por varios millones de pesos, además de transferencias a personas inexistentes o “fantasmas”.
Uno de los casos más llamativos ocurrió al inicio de la gestión de Chedraui, cuando se presentó una factura por 30 millones de pesos sin sustento en la Oficialía de Partes, supuestamente por servicios no comprobados.
En el cierre de 2024, el entonces tesorero Héctor Romay González Cobián declaró que debido a las malas prácticas financieras heredadas, no se contaban con recursos para cubrir los aguinaldos del personal de Industrial de Abasto, también conocido como el rastro municipal.
La Secretaría de Infraestructura y Movilidad también señaló afectaciones. En noviembre de 2024, su titular, David Aysa de Salazar, expuso que Domínguez Sánchez dejó 11 obras sin pagar y cinco inconclusas por un monto de 200 millones de pesos. Entre ellas destacan la peatonalización del Barrio de Santiago, la remodelación del Bulevar Carmen Serdán y la segunda etapa del Parque Amalucan.
Aunque la Contraloría no precisó cuántas irregularidades se detectaron ni dio nombres, subrayó que ya se presentaron las denuncias correspondientes “contra quien resulte responsable”.
El regidor Leobardo Rodríguez Juárez, del partido Morena, señaló que en este presunto desfalco podrían configurarse delitos como el desvío de recursos públicos.
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